Solidaridad con los trabajadores de Fabricaciones Militares

La CTA-A Córdoba expresa su apoyo a la lucha de los trabajadores de la Fábrica Militar de Villa María, que resisten las presiones de los funcionarios del organismo para que participen en el desmantelamiento de la planta productiva de Azul, recientemente cerrada por el gobierno de Macri.

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Repudiamos la política de ajuste y desguace del Estado en general y de Fabricaciones Militares en particular, más aun que los funcionarios pretenden que los trabajadores sean los ejecutores del destrozo del patrimonio y los bienes del Estado.

Vale señalar que la Dirección General de Fabricaciones Militares conforma la piedra basal del desarrollo industrial cordobés, impulsando desde los gobiernos del primer peronismo la metalmecánica, la petroquímica y, obviamente, la industria de producción militar.

El sector ha sido víctima permanente de las políticas neoliberales y esta etapa no es la excepción. En la década del ‘90 el gobierno entreguista de Carlos Menem cerró y privatizó gran parte del polo industrial que significaba Fabricaciones. Sólo la resistencia de los trabajadores nucleados en ATE logró evitar que las plantas de Villa María y Río Tercero sucumbieran al mismo destino, que hoy a través de la  lamentable gestión de Oscar Aguad –desde el Ministerio de Defensa– pretende imponer la administración del Presidente Macri.

En tal sentido, el secretario Gremial de ATE de Villa María, Jorge Heredia, denunció ayer en conferencia de prensa que “están apretando y amenazando con despidos a compañeros de la Fábrica Militar de Pólvoras de Villa María si no van a desmantelar la Fábrica de Azul. Poniendo así al trabajador entre la espada y la pared, enfrentándolo de manera perversa con los trabajadores de Azul, que son compañeros”.

El dirigente responsabilizó directamente “al interventor, el ingeniero Luis Riva, a quien le enviamos hoy una carta documento. Hace un año que está y lo único que hizo fue despedir trabajadores”.

“No solo nos oponemos a que envíen operarios de Villa María a desguazar la Fábrica de azul porque pueden exponerse a una respuesta violenta de los  compañeros que hace seis meses que están allá sin trabajo, en la calle, viviendo en automóviles y, en algunos casos habiendo perdido la familia; sino que nos oponemos de plano al cierre de las Fábricas Militares. Y hacemos responsable por esto al ministro de Defensa Oscar Aguad”, afirmó Heredia.

Y agregó: “sabemos que mañana domingo van a enviar obligados a cinco compañeros para desmantelar máquinas, poniéndolos en verdadero riesgo. Es un mecanismo perverso”.

Destrozos y cierre de la planta de Azul

Cabe consignar que el conflicto en Azul se inició el diciembre de 2017 con la cesantía de más de doscientos contratados y la paralización total de la Fábrica asentada en la Boca de las Sierras.

Las inversiones previstas en el presupuesto nacional 2018 quedaron sin efecto, con la modificación producida por el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro Nicolás Dujovne, que desactivó la totalidad del monto previsto para Fanazul.

Desde fines de marzo se inició el proceso de desmantelamiento parcial de la planta azuleña, aunque solo se logró trasladar parte del laboratorio a otras fábricas de la DGFM.

Hace una semana que los trabajadores de la Fábrica de Villa María vienen resistiendo la directiva y los aprietes.

Desde ATE denunciaron que miembros de la Dirección General de Fabricaciones Militares produjeron destrozos en Fanazul. Así lo ratificó Fernando Mercado, secretario General de la seccional Villa María. “Estos tipos son una mafia. Pero ni la mafia hace lo que hicieron el fin de semana en Azul, rompiendo con camionetas, arrancando carteles, mandándole un mensaje a quién, ¿al gremio? El gremio no les tiene miedo a estos secuaces de Riva y Speranza”.

En esa línea, Mercado recordó que tanto Riva como Speranza “se jactan diciendo que trabajan ad honorem, que no cobran sueldo”, y señaló que “desde el nivel parlamentario, se debería investigar el caso. En principio, solicitando informes y utilizando los recursos propios del Congreso de la Nación, para determinar si tanto Riva como Speranza están vinculados a las empresas privadas con las que estarían lucrando desde el Estado”.