Inconstitucional, ilegítimo y dictatorial

ATE emitió un comunicado de prensa para repudiar el posible nombramiento de un funcionario de la dictadura, que fue interventor del gremio estatal en Córdoba, como integrante de la comisión que regulará el derecho a huelga en la provincia. Todo un círculo que se completa con una ley inconstitucional y la reciente denuncia del gobierno provincial del convenio colectivo de trabajo de Luz y Fuerza.

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“La propuesta de un abogado ex interventor de ATE durante la dictadura como integrante de una comisión espuria, que pretende reglamentar el derecho a huelga, ofende la memoria de los mártires del movimiento obrero y confirma la decisión política del Ejecutivo provincial de continuar cercenando derechos y anulando conquistas en materia laboral.

El Consejo Directivo Provincial repudia la proposición de Guillermo Ernesto Maisuls para el cargo de referencia e insta al gobierno provincial a tener el mínimo respeto por los desaparecidos del movimiento obrero cordobés durante la dictadura genocida, cuyos personeros fueron sucesivamente condenados en instancias judiciales.

En este contexto, es evidente que un asesor del Ministerio de Trabajo del régimen cívico-militar no podía ignorar la situación y en consecuencia su intervención fue sin duda un aval al proceso más sanguinario y corrupto que conociera la Argentina, vinculado además a la etapa más negra de la pérdida de derechos de los trabajadores y el congelamiento de los convenios colectivos de trabajo.

Por ello que es inconcebible que un gobierno democrático, que dice acatar el respeto a los DDHH, impulse su nombramiento.

Todo esto se inscribe en el marco de una ley para regular el derecho a huelga que es absolutamente inconstitucional, ya que está claro que es el Congreso Nacional el único poder con capacidad para legislar en la materia.

Desde ATE alertamos a los legisladores provinciales, con la autoridad moral que nos da haberlo sufrido en carne propia, que el nombramiento este personaje ex funcionario de la dictadura, que integrará un órgano creado por una ley inconstitucional, retrotrae el debate sobre los derechos de los trabajadores a etapas pre-peronistas.

No es extraño, entonces, que el mismo gobierno que impulsa esta normativa denuncie los convenios colectivos de trabajo”.